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«Los terrenos ocupados de manera irregular en José C. Paz equivalen a 517 estadios de River Plate»

En el 2019 un grupo de vecinos tomó las casitas del Plan Federal Habitacional Saavedra Lamas que comprende más de 500 casas. La obra estuvo parada durante 8 años. Ese mismo año hubo un intento de desalojo que no prosperó. Ahora la justicia encabezó un relevamiento, que ya habían realizado organizaciones sociales y la Defensoría regional, con la intención de reconocer e imputar a varios de los habitantes.

El fiscal Daniel Moccia dispuso que la policía de José C. Paz se presente en el Barrio Lamas para realizar un relevamiento a los 1.900 vecinos y vecinas que viven ahí en pleno aislamiento. Se produjo el día martes 19 de mayo en pleno aumento sustancial de casos en la región del AMBA.

El Primero habló con el dirigente Facundo Barrios de Encuentro Peronista quien dejó datos interesantes sobre el tema que hoy es debate en el distrito.

“A la situación totalmente grave le sumaria que justamente el Barrio Lamas es uno de los barrios donde hay más riesgo de contagio ya que, como se puede ver con las villas de capital, la falta de infraestructura y de hacinamiento en los lugares como estos aumenta sustantivamente el riesgo de contagio. La orden dispuesta por el fiscal Daniel Moccia no solo atento contra la salud de los vecinas y vecinas del barrio, sino que también puso en riesgo al personal policial ya que en el procedimiento no se contó con ningún tipo de protocolo sanitario. No exagero a decir que pusieron la vida en juego”, reconoció.

“Si hay un desalojo el costo político va a ser tremendo”

Además señaló que la gravedad del hecho no es el proceso judicial sino la violación de la cuarentena y la exposición de los vecinos a un procedimiento con un objetivo difuso. Barrios junto a organizaciones y la Defensoría del Pueblo Regional habían realizado un censo de cantidad de personas y necesidades.

«No es un problema judicial, es un problema social. La gente está preocupada porque no sabe si esto termina en un desalojo», reaccionó.

También se vio preocupado por las dificultades que acarrea la cuarentena en las familias sin recursos. Un dato es la falta de alimentos que ni la provincia ni la Nación están entregando.

“Las empresas no se presentan a concurso y no hay mercadería”, aseveró.

“La justicia una vez más puso de manifiesto el desinterés por el vecino porque, aun pensando que esto no tuvo armadores o lobistas, tomar una medida así es ver a las personas como números de causas en expedientes que tienen sobre sus cómodas oficinas sin pensar en el riesgo sanitario de las medidas que dictan. De mas esta decir que la causa por la cual se instruyó esta actuación no es reciente y justamente por eso es aún más incomprensible la decisión de realizar la misma en plena cuarentena”, sentenció. Mirá nota completa.

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